En un esfuerzo por defender la identidad y los derechos culturales de los pueblos originarios, la diputada de Tijuana Evelyn Sánchez Sánchez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural de Baja California. El objetivo es claro: otorgar protección jurídica a los diseños textiles indígenas y cerrar los vacíos legales que, hasta ahora, han permitido su plagio y explotación comercial por parte de empresas nacionales e internacionales.
La legisladora explicó que es una práctica recurrente que compañías reproduzcan y comercialicen bordados, patrones y símbolos tradicionales sin la autorización ni beneficio para las comunidades que los crearon. Esta problemática, denunciada en estados como Oaxaca, Yucatán, Puebla e Hidalgo, busca ser atajada en Baja California desde el ámbito legal. La iniciativa plantea incorporar expresamente los “diseños textiles indígenas” al catálogo de bienes protegidos, reconociéndolos como parte del patrimonio cultural del estado.
“Proteger los textiles indígenas es también proteger la dignidad cultural y los derechos colectivos de quienes los crean”, expresó la diputada Sánchez. Subrayó que estas creaciones no son meras piezas artesanales, sino expresiones profundas de identidad, memoria y cosmovisión, donde cada bordado, color o figura refleja la historia de los pueblos, su relación con la naturaleza y los conocimientos transmitidos de generación en generación.
Una reforma con herramientas concretas
La propuesta define los diseños textiles indígenas como todas aquellas creaciones elaboradas mediante hilos, fibras o técnicas textiles por comunidades indígenas nativas o asentadas en Baja California. Este reconocimiento permitiría al gobierno contar con herramientas legales para su defensa, registro y preservación efectiva. Entre los cambios concretos se contempla que las declaratorias y actos relacionados con este patrimonio sean inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, otorgándoles una mayor formalidad y respaldo jurídico.
Además, la reforma busca armonizar la ley de patrimonio con la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, publicada en 2021, actualizando las denominaciones de las dependencias. Esto fortalecería el marco institucional, específicamente las facultades del Instituto de Cultura del Estado, para que pueda impulsar convenios, estrategias y mecanismos de protección más robustos. También se actualizan las referencias a instancias como el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) y la Fiscalía General del Estado (FGE) para garantizar la aplicabilidad de la ley dentro del marco jurídico vigente.
Con esta iniciativa, la diputada plantea una respuesta legislativa directa frente a lo que califica como “saqueo cultural”. El mensaje es claro: el patrimonio de los pueblos indígenas no puede seguir siendo utilizado como mercancía sin reconocimiento, autorización ni retribución. De aprobarse, Baja California se colocaría a la vanguardia nacional en la defensa de los derechos culturales y la propiedad intelectual colectiva de las comunidades originarias, fortaleciendo el reconocimiento de las comunidades indígenas que habitan en Mexicali, Tijuana y otras regiones del estado.
La medida llega en un momento de creciente conciencia sobre la apropiación cultural indebida en la industria de la moda y el diseño a nivel global. Su éxito podría sentar un precedente importante para otros estados de la República Mexicana que buscan proteger sus propias expresiones culturales textiles de la explotación comercial no ética, marcando un camino hacia un reconocimiento legal más justo y respetuoso.
