La decimoséptima Conferencia de las Partes (COP17) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de la ONU concluyó en Ereván, Armenia, con un acuerdo financiero que busca ampliar la base de contribuyentes y establecer un mecanismo para proteger la biodiversidad después de 2030. La reunión, que se extendió por casi dos semanas, logró cerrar todos los textos principales de negociación, un contraste notable con la COP16, que había terminado sin quórum y debió reanudarse meses después en Roma.
Un balance global con preocupación
Uno de los resultados centrales fue la conclusión del primer “balance global” sobre el progreso hacia la reversión de la pérdida de naturaleza para 2030. El documento final “toma nota con profunda preocupación” de que, a menos que se acelere la acción, los objetivos del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal (GBF, por sus siglas en inglés) no se alcanzarán. El texto “insta” a los países a acelerar la implementación, incluso mediante una mayor ambición.
El balance se basó en el informe global de la ONU, que advirtió que el mundo está quedando rezagado en 22 de los 23 objetivos de biodiversidad para 2030. El texto final también “alienta” a los países a acelerar la reforma de los subsidios dañinos para la naturaleza, aunque con la salvedad de “de conformidad con las circunstancias nacionales”.
Financiamiento: el punto más álgido
El financiamiento fue el tema más conflictivo. Los países desarrollados no cumplieron con la meta de movilizar al menos 20,000 millones de dólares anuales para 2025, y se señaló una caída del 27% en la financiación ambiental para el período 2026-2030. Ante este panorama, las discusiones se centraron en cómo ampliar la base de contribuyentes, incluyendo a economías emergentes como China, India, Arabia Saudita y Qatar.
El texto final, descrito por Suiza como “súper, mega delicado”, evita imponer criterios para expandir la lista de donantes. En cambio, invita a los países interesados en asumir las obligaciones de los países desarrollados a “señalar su interés” antes de la COP18 y en cada COP alterna. Las contribuciones de países en desarrollo seguirán siendo voluntarias y no implicarán su inclusión en la lista.
Además, se acordó establecer un mecanismo financiero permanente para después de 2030, bajo la gobernanza de la COP, aunque su forma definitiva (si será un nuevo fondo o se basará en arreglos existentes) se decidirá en la COP18. Esta decisión fue recibida con críticas por parte de algunos observadores, quienes consideran que deja “todo muy abierto” y sin avances concretos.
Recursos genéticos y el Fondo Cali
La información de secuencias digitales (DSI, por sus siglas en inglés) fue otro de los temas más disputados. En la COP16 se acordó el Fondo Cali, el primer fondo global para que las empresas que utilizan DSI contribuyan. Sin embargo, a dos años de su creación, el fondo apenas contaba con 6,000 dólares al inicio de la COP17 y solo aumentó a poco más de 10,500 dólares al final, sin que ninguna gran empresa haya contribuido.
En Ereván, los países debían finalizar los detalles sobre quién debe pagar y cómo se distribuirían los recursos, pero la mayoría de estos asuntos se pospusieron para negociaciones intersesionales antes de la COP18. El texto final reafirma las tasas indicativas acordadas en la COP16 (0.1% de los ingresos o 1% de las ganancias) y establece una metodología de asignación, permitiendo pagos excepcionales si el fondo alcanza los 150 millones de dólares.
La decisión fue adoptada sin objeciones, pero generó críticas. Representantes de pueblos indígenas señalaron que las naciones ricas pidieron un fondo voluntario y las empresas han retrasado sus contribuciones. “El Fondo Cali está en cuidados intensivos”, resumió una académica.
Subsidios dañinos y biodiversidad marina
Los subsidios que dañan la biodiversidad, que ascienden a 1.8 billones de dólares anuales, fueron tema central. El texto final del balance global “alienta” a los países a acelerar la implementación del objetivo 18, que busca eliminar o reformar estos incentivos, pero con la misma salvedad de las circunstancias nacionales. Varios países se opusieron a un lenguaje más fuerte, entre ellos Arabia Saudita y Rusia.
En biodiversidad marina y costera, las referencias al Tratado de Alta Mar (BBNJ) fueron eliminadas en su mayoría debido a la oposición de Rusia. El texto final solo “toma nota” de la entrada en vigor del tratado. También se acordó establecer un grupo asesor informal sobre áreas marinas fuera de la jurisdicción nacional. Las menciones a pueblos indígenas, mujeres y jóvenes fueron eliminadas, lo que generó preocupación entre observadores.
Pueblos indígenas y cambio climático
Uno de los logros más celebrados fue el acuerdo sobre el modus operandi del nuevo órgano permanente para pueblos indígenas, que asesorará directamente en las COP de biodiversidad. Tras intensas negociaciones, los países aprobaron su funcionamiento, aunque con divisiones sobre la composición y rotación geográfica.
En el texto sobre biodiversidad y cambio climático, se acordó una guía voluntaria para ampliar las soluciones basadas en la naturaleza, pero se excluyeron referencias a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre cambio climático y a la evaluación de IPBES sobre cambio transformador, debido a la oposición de Rusia. La mención a la evaluación de IPBES sobre el nexo entre biodiversidad, agua, alimentos y salud se mantuvo tras un compromiso.
Otros resultados y la próxima cumbre
La COP17 también adoptó una decisión sobre planificación, monitoreo, presentación de informes y revisión (PMRR), que incluye indicadores adicionales opcionales y un grupo de expertos técnicos para apoyar a los países en sus informes nacionales. Se acordó que Quito, Ecuador, sea la sede de la COP18 en 2028.
El presidente de la COP17, Hambardzum Matevosyan, calificó la cumbre como un éxito y afirmó que se logró “más de lo que podríamos haber esperado”. La secretaria ejecutiva del CDB, Astrid Schomaker, destacó los “logros notables en un momento en que el multilateralismo supuestamente no funciona”.
Sin embargo, la COP17 también enfrentó críticas por la falta de participación de la sociedad civil y por la minería en Armenia. Grupos ambientalistas denunciaron la apertura de una mina de oro días antes de la cumbre y la exclusión de activistas. A pesar de ello, los países lograron cerrar todos los textos, un resultado que contrasta con las dificultades de cumbres anteriores.