El financiamiento para que los países en desarrollo se adapten a la crisis climática se ha estancado o incluso reducido desde 2022, a pesar de los impactos cada vez más severos de fenómenos meteorológicos extremos y de las advertencias científicas de que el calentamiento global podría estar acelerándose. Así lo reveló un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), dado a conocer en vísperas de la COP31.
El reporte señala que el apoyo financiero para medidas de adaptación —como infraestructura más resistente, sistemas de alerta temprana, protección contra inundaciones y riego resiliente a la sequía— está muy por debajo de lo necesario y lejos incluso de las promesas insuficientes que los países ricos asumieron en 2021, en reconocimiento de su mayor responsabilidad en la crisis.
Necesidades financieras superan con creces los flujos actuales
Según el PNUMA, las 155 naciones en desarrollo necesitarán 305,000 millones de dólares anuales para 2035 para adaptarse a olas de calor, incendios, inundaciones, tormentas, sequías y el aumento del nivel del mar, fenómenos que se han intensificado por décadas de quema de combustibles fósiles, principalmente en los países ricos del hemisferio norte.
Sin embargo, los flujos financieros de países ricos a pobres fueron de máximo 32,000 millones de dólares en 2024, el año más reciente con datos disponibles. Esto representa solo 1,000 millones más que el año anterior y una caída respecto al pico de 2022, en parte porque muchos gobiernos europeos están destinando más presupuesto a defensa.
La cifra está muy por debajo de la meta de alcanzar 40,000 millones para 2025, aunque se espera que parte del déficit haya sido cubierto por bancos multilaterales de desarrollo, según el informe.
Compromisos de la COP30 resultan insuficientes
En la COP30, celebrada el año pasado en Belém, Brasil, las naciones ricas acordaron triplicar el financiamiento para adaptación de los países en desarrollo para 2035. Este aumento, que lo llevaría a entre 85,000 y 120,000 millones de dólares, reduciría la brecha pero aún cubriría solo entre 20% y 29% de las necesidades, según el reporte.
Los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares son los más afectados por la crisis climática y los que menos capacidad tienen de pagar mejoras en infraestructura, como barreras marinas y equipos de bomberos. La ONU estima que estos países necesitan entre 40,000 y 50,000 millones de dólares anuales en financiamiento para adaptación, lo que equivale a cerca del 3-4% de su producto interno bruto, el doble de la carga relativa para los países en desarrollo de ingreso medio-alto.
A pesar de ello, los PMA recibieron 16% menos apoyo financiero para adaptación en 2024 que dos años antes. Entre 2020 y 2025, los países de ingreso bajo y medio representaron el 99% de las 765 millones de personas afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra. Algunos de los peores impactos en la salud humana y en los sistemas naturales de soporte vital no se contabilizan porque las naciones en desarrollo tienen menos probabilidades de contar con sistemas de monitoreo para evaluar muertes por calor o daños a ecosistemas.
Un fondo de pérdidas y daños recientemente creado ya está desbordado. En su primera ronda, 119 países en desarrollo presentaron solicitudes por un total de 2,800 millones de dólares, muy por encima del financiamiento inicial de 342 millones.
Advertencia de la ONU: el límite de 1.5 °C está superado
Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, afirmó que un sobrepaso de la temperatura global de 1.5 °C respecto a los niveles preindustriales ya es una realidad inevitable, lo que hace que los impactos climáticos sean más intensos, frecuentes e impredecibles.
“Para los países que menos contribuyeron pero más sufren, esta es una realidad ineludible”, declaró. “El financiamiento para adaptación es una inversión vital en la resiliencia global. Cumplir estos compromisos protege a las comunidades en primera línea, previene desplazamientos forzados, salvaguarda la seguridad alimentaria mundial y asegura que nadie se quede atrás. Ahora es el momento de honrar los compromisos en su totalidad. Los retrasos no solo aumentan los costos a largo plazo, sino que también tensan nuestra capacidad de respuesta a corto plazo a medida que nuestros sistemas alcanzan sus límites”.
Los grupos de justicia climática sostienen que el financiamiento para adaptación es el tema más urgente en la próxima cumbre climática de la ONU, la COP31, que se celebrará en Antalya, Turquía, del 9 al 20 de noviembre. Además de un flujo de fondos más rápido y abundante, la prioridad es que se otorguen como subvenciones o préstamos concesionales en lugar de créditos con altos intereses, difíciles de pagar para proyectos como muros marinos, refugios contra el calor y otras iniciativas que no generan ingresos directos.
El informe de la ONU subraya esto al señalar que los costos de deuda y capital pueden más que duplicar los presupuestos de los proyectos de adaptación.
Mientras las guerras desvían recursos y atención de la acción climática, Andersen enfatizó la importancia de ver la naturaleza interconectada de las crisis mundiales: “Aunque algunos puedan ver la acción climática como un tema separado, ignorarla solo aumenta la vulnerabilidad nacional y regional, especialmente porque muchos impactos climáticos se despliegan más allá de las fronteras nacionales. No invertir en mitigación y adaptación solo expone a las naciones a un mayor riesgo. El cambio climático amenaza directamente a las personas, las economías y los ecosistemas que nos sostienen, y por eso la adaptación es una inversión directa en seguridad nacional y resiliencia. Ambas son fundamentalmente inseparables”.
Impacto para América Latina y el Caribe
La región no es ajena a esta problemática. Con una alta exposición a huracanes, sequías e inundaciones, muchos países de América Latina y el Caribe dependen de estos fondos para proteger infraestructura crítica y medios de vida. El estancamiento en los flujos financieros limita su capacidad de respuesta y aumenta la vulnerabilidad de comunidades agrícolas y costeras.
El informe del PNUMA hace un llamado a los países desarrollados a cumplir sus promesas y a aumentar la ambición en la COP31, que se perfila como una cita clave para definir el futuro del financiamiento climático.