El gobierno del Reino Unido anunció su compromiso de introducir un nuevo régimen obligatorio de diligencia debida en derechos humanos, que establecerá requisitos para que las grandes empresas monitoreen y aborden los riesgos de derechos humanos y trabajo forzoso en sus operaciones y cadenas de suministro. La medida, presentada por el Secretario de Estado de Negocios, Innovación, Ciencia y Comercio, Jonathan Reynolds, busca alinear al país con las principales economías y evitar sanciones comerciales.
¿A quiénes aplicará la nueva legislación?
La legislación está destinada a aplicarse a empresas británicas con ingresos superiores a 350 millones de libras (aproximadamente 470 millones de dólares), así como a empresas no británicas cuyos ingresos generados en el Reino Unido superen esa misma cifra. El enfoque se centra en las empresas más grandes, “con la capacidad y el apalancamiento para gestionar estos riesgos dentro de sus cadenas de suministro”, según el anuncio.
Esto significa que tanto compañías nacionales como internacionales que operen en el mercado británico deberán implementar procesos para identificar, evaluar y abordar riesgos de abusos laborales en sus operaciones y proveedores.
Un marco actual fragmentado y voluntario
La decisión surge tras una revisión del enfoque del Reino Unido para promover la Conducta Empresarial Responsable. Según Reynolds, el estudio encontró que el marco actual para prevenir el trabajo forzoso es “fragmentado y demasiado dependiente de acciones voluntarias y medidas de reporte”, lo que coloca al Reino Unido “fuera de sintonía” con otras economías importantes.
El anuncio también se produce después de la imposición de nuevos aranceles estadounidenses a las importaciones británicas a principios de este año, luego de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos incluyera al Reino Unido entre los socios comerciales que no aplican efectivamente la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso. Aunque la revisión británica es anterior a los aranceles, el gobierno destacó la necesidad de alinear sus normas con las de sus principales socios comerciales.
Obligaciones de diligencia debida y alineación internacional
De acuerdo con Reynolds, bajo el nuevo régimen de diligencia debida, las empresas deberán identificar, evaluar y abordar los riesgos de abusos de derechos humanos y explotación laboral dentro de sus operaciones y cadenas de suministro. Se espera que la legislación se alinee con estándares internacionales establecidos, como las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Además, la ley incluirá poderes de ejecución, con un regulador facultado para investigar a empresas sospechosas de poner en el mercado bienes fabricados con trabajo forzoso y para ordenar su retirada cuando no se hayan cumplido las obligaciones de diligencia debida y se haya identificado trabajo forzoso.
“Esta legislación enviará una señal clara de que el Reino Unido no tolerará el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro y que las empresas deben tomar medidas concretas para prevenirlo”, afirmó Reynolds.
Impacto para México y América Latina
La medida británica tiene implicaciones directas para las empresas mexicanas y latinoamericanas que exportan al Reino Unido o forman parte de cadenas de suministro globales. Al exigir diligencia debida a las grandes empresas, muchas de las cuales operan en la región, se espera que las compañías locales que les proveen también deban demostrar que no utilizan trabajo forzoso.
Sectores como el agrícola, textil, manufacturero y de tecnología podrían verse afectados, ya que deberán implementar sistemas de trazabilidad y auditoría para cumplir con los estándares británicos. Esto representa tanto un desafío como una oportunidad para mejorar las prácticas laborales y acceder a mercados más exigentes.
La experiencia del Reino Unido podría servir de modelo para otros países de América Latina que buscan fortalecer sus marcos de conducta empresarial responsable y evitar sanciones comerciales similares a las impuestas por Estados Unidos.
Próximos pasos
El gobierno británico deberá ahora elaborar el proyecto de ley y presentarlo al Parlamento. No se ha especificado un calendario, pero se espera que la legislación incluya consultas con empresas y organizaciones de la sociedad civil. La entrada en vigor podría tomar varios meses o incluso años, dependiendo del proceso legislativo.
Mientras tanto, las empresas afectadas deberían comenzar a revisar sus cadenas de suministro y prepararse para cumplir con las nuevas obligaciones, que probablemente incluirán informes periódicos y auditorías independientes.