Faltan pocas semanas para que el mundo llegue a México. Los hoteles están reservados, las marcas ya invirtieron, los empresarios calcularon su parte: solo para la Ciudad de México, según estimaciones de la Canaco CDMX, se proyecta una derrama de 26,280 millones de pesos, con más de un millón de visitantes y un gasto promedio de 22,500 pesos por turista. El sector privado hizo su tarea. El problema está al otro lado de la ecuación.
El 20 de abril, un hombre armado subió a la Pirámide de la Luna en Teotihuacán y abrió fuego. Murió una turista canadiense. Trece personas resultaron heridas. Las autoridades confirmaron que el ataque fue planeado. Lo que no confirmaron –pero los datos ya venían diciendo– es que el escenario estaba servido: en 2025, el INAH redujo la custodia del sitio de 30 a 24 elementos, en un recinto de más de 260 hectáreas, sin arcos detectores, con miles de visitantes diarios.
“En una frase presidencial, se encapsuló la gravedad de la falta de previsión de riesgos del Estado mexicano”, comenta Sergio Díaz, socio director de Vestiga Consultores. La presidenta de la República, preguntándose cómo pudo un sujeto, armado y con una mochila llena de balas, subir a lo alto de la célebre pirámide sin haber sido detectado, contestó que “porque eso nunca había pasado antes”. Para Díaz, “eso es una falla que no puede permitirse en instituciones de un Estado, el cual existe, en principio, para proveer seguridad a los ciudadanos. En un lugar como Teotihuacán, al que acuden cerca de 4 mil personas diarias, expuesto como objetivo de ataques terroristas o de un psicópata, no es entendible cómo nadie en el gobierno identificó las amenazas potenciales ni evaluó su nivel de riesgo”.
Lo que pasó en Teotihuacán no ocurrió en el vacío. El Monitoreo de Percepciones Empresariales de Vestiga llevaba meses documentando un entorno que se deterioraba sin respuesta institucional. El 90 % de las empresas en México considera que la corrupción ha disminuido poco, nada o incluso ha aumentado bajo la administración actual. El 74 % la siente como un factor que afecta su operación cotidiana. Casi el 80 % tiene escasa o nula confianza en que las cosas mejoren en los próximos tres años. “La corrupción es una variable que se torna en un elemento distorsionador contra la competitividad, calidad y rentabilidad de las empresas y, a la larga, también afecta al conjunto de la economía nacional”, advierte Sergio Díaz.
El contraste es brutal: mientras el sector privado ya tiene planes concretos de inversión para recibir al mundo –aunque solo el 15 % de las organizaciones los ha formalizado hacia 2026–, el gobierno parece reaccionar a golpe de crisis. La falta de una estrategia integral de gestión de riesgos, evidenciada en Teotihuacán, se suma a la percepción generalizada de que la corrupción no cede. En este escenario, México se juega no solo su reputación como destino turístico, sino su credibilidad como socio comercial frente a una comunidad internacional que observa con atención.
