Farmacovigilancia en México

 “La Farmacovigilancia en nuestro país requiere de una colaboración multidisciplinaria entre la autoridad sanitaria, los profesionales de la salud, los sistemas de salud, las instituciones académicas, industria farmacéutica y sobre todo los usuarios de medicamentos, para la aplicación inmediata de decisiones dirigidas a la seguridad del paciente y la mejora de la atención médica” declaró la Dra. Alejandra Rosete, Jefa de Operaciones y Administración Estratégica delCentro de Investigación Farmacológica y Biotecnológica (CIFBIOTEC) de Médica Sur.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la farmacovigilancia como la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema de salud relacionado con ellos[1]. En México esta disciplina está en desarrollo y es obligatoria desde 2005 para clínicas y hospitales, esquema fortalecido por el Consejo de Salubridad General a través de los criterios de certificación de hospitales que señalan como funciones específicas: mantener/controlar el listado y uso de los medicamentos; vigilar los efectos secundarios de los medicamentos a nivel clínico, así como detectar y prevenir errores en la medicación.
Las Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) –principal objeto de estudio de la farmacovigilancia- se definen como la respuesta a un medicamento nociva y no intencionada, que ocurre a las dosis normalmente utilizadas en el hombre para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad, o para la modificación de una función fisiológica.
En México, según datos del Centro Nacional de Farmacovigilancia actualizados a 2012, las tres reacciones más frecuentemente reportadas son: erupción cutánea con un 18%, náusea con 16% y prurito o comezón con un 13%.Los órganos o sistemas más afectados son: piel y anexos con un 23%, aparato digestivo con un 22% y malestares generales de todo el organismo con un 15%.Las RAM se clasifican de acuerdo a su intensidad y para el país se distribuyen en leves en el 63%, el 28%  moderadas, el 6% graves y el 3% letales[2].
En el año 2012, el Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (INEGI) reportó una población de 112 millones 337 mil habitantes[3]. Con base en estos números, el país estaría en posibilidad de generar por lo menos 22 mil notificaciones[4] útiles de eventos adversos por medicamentos cada año. Sin embargo, debido a la mala calidad de los reportes nacionales y a la falta de notificación por parte de los pacientes y médicos, de 1999 al 2010 nuestro país solo ha contribuido con alrededor de 50 mil reportes al Programa Internacional de la Organización Mundial de la Salud[5], muy por debajo de los estándares internacionales que muestran como indicador mínimo 200 reportes útiles al año por cada millón de habitantes[6].
Es importante destacar lo anterior debido a que México participa con menos del 1% de información en la base de datos a nivel global, a pesar de ser uno de los países más poblados del mundo, ocupar el segundo lugar en el mercado farmacéutico latinoamericano y contar con una población altamente propensa a prácticas de automedicación.
Según información del Hospital Médica Sur, las RAM son reportadas activamente hasta en un 44% por médicos, un 44% por farmacéuticos y un 12% por enfermeras[7];teniendo como oportunidad el promover la participación de los pacientes con el fin de minimizar el impacto de los medicamentos en los usuarios y garantizar su salud y seguridad.
La falta de una cultura de reportes adversos puede significar desconocimiento de los daños a la salud y de los importantes gastos al paciente y al sistema de salud. Con información del Hospital Médica Sur, se estima que los gastos relacionados con la severidad y/o intensidad de los efectos adversos representan un costo promedio de $18 mil pesos por evento[8] y prolongar la hospitalización del paciente en promedio cuatro días[9].
“Es fundamental trabajar de manera articulada entre todos los actores relacionados con la farmacovigilancia para sentar las bases de un sistema nacional que ayude a prevenir los riegos derivados del uso de medicamentos desde los hospitales, ya sean públicos o privados, que sumados a los esfuerzos de la autoridad y la participación de los pacientes, permitirán consolidar avances en la materia. Con base en esto, puedo asegurar que la farmacovigilancia en México aún tiene grandes oportunidades de desarrollo en beneficio de todos los pacientes”, concluyó la Dra. Alejandra Rosete.