En medio del boom del comercio digital y la adopción masiva de pagos electrónicos, los datáfonos o Terminales Punto de Venta (TPV) se han convertido en el nuevo blanco favorito de los ciberdelincuentes en México. El país se posiciona como uno de los más atacados de América Latina, con una cifra alarmante: más de 40,600 millones de intentos de ciberataques registrados solo en el primer semestre de 2025, según reportes de la firma de ciberseguridad Fortinet. Esta cifra coloca a México solo por detrás de Brasil en la región, evidenciando la magnitud de la amenaza digital que enfrentan comercios, restaurantes, servicios y toda empresa que dependa de estos dispositivos para su operación diaria.
La interrupción en la conectividad o una intrusión exitosa en un datáfono no se traduce solo en una venta perdida. Puede generar pérdidas económicas significativas, erosionar la confianza del consumidor y, lo más grave, comprometer información sensible como datos de tarjetas bancarias. “Cada datáfono es un punto activo dentro del ecosistema de pagos. Cuando uno falla o se ve comprometido, no solo se detiene una venta, también se abre una posible puerta a vulnerabilidades que pueden impactar a toda la red transaccional”, advierte Rafael Escobar Gómez, Director de Desarrollo de Negocio de ALAI Secure.
De la banda magnética a la biometría: más tecnología, más riesgos
El ecosistema de pagos ha evolucionado a una velocidad vertiginosa. Hemos pasado de la banda magnética al chip EMV, del pago con contacto al ‘tap to pay’, las carteras digitales y la biometría. Esta evolución tiene un lado B: los datáfonos modernos son, en esencia, pequeños ordenadores con alta capacidad de procesamiento y conectividad permanente (vía WiFi, 4G/5G o Ethernet), lo que amplía enormemente su “superficie de exposición” a los ataques cibernéticos. Ya no son dispositivos aislados; son nodos en una red constantemente amenazada.
Frente a este panorama, los expertos subrayan que la protección no depende únicamente de las pasarelas de pago, sino de una infraestructura de conectividad segura, estable y, crucialmente, alineada con la regulación mexicana. Además de cumplir con estándares globales como el PCI-DSS (diseñado para proteger la información de las tarjetas), en México rige la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que exige minimizar la exposición de datos sensibles y aplicar medidas de seguridad proporcionales al riesgo. “Garantizar que los datos de pago se mantengan bajo control, con el menor nivel de exposición posible y dentro del marco regulatorio local, es fundamental para proteger el ecosistema transaccional”, explica Escobar.
La digitalización del comercio, acelerada tras la pandemia, exige sistemas que operen las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Una caída o un ataque exitoso puede paralizar un negocio en cuestión de minutos. En respuesta, surgen soluciones tecnológicas que buscan blindar esta capa crítica. Empresas como ALAI Secure despliegan infraestructuras que combinan conectividad robusta con encriptación de datos y monitoreo constante, buscando reducir la “superficie de ataque” y garantizar la continuidad operativa. La premisa es clara: en la economía digital actual, la disponibilidad y seguridad de los medios de pago no es un lujo, es una condición sine qua non para la supervivencia de cualquier empresa.
El mensaje para los comercios, desde la tienda de la esquina hasta las grandes cadenas, es contundente: la ciberseguridad en los puntos de venta dejó de ser un tema exclusivo de los departamentos de TI de los bancos. Es una responsabilidad compartida y una inversión necesaria. Ignorar esta realidad, en un país que se ubica en el top de intentos de ciberataques en la región, puede tener un costo mucho mayor que la implementación de las soluciones adecuadas.
