Ciudad de México febrero de 2017.- El Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho al acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). A su vez, señala que el Estado garantizará una política de inclusión digital universal para integrar a la población a la sociedad de la información y el conocimiento. SIU
El reto de garantizar este derecho es diferente dependiendo de la condición de ingreso de los hogares, ya que, en 2014, 97% de los hogares pertenecientes al decil más rico (decil X) contó con servicios de telecomunicaciones móviles, mientras que este indicador fue 48% entre los hogares del decil con menor nivel de ingresos (decil I).
Porcentaje de Hogares con Telecomunicaciones Móviles por Decil de Ingreso
Fuente: The Social Intelligence Unit con información del Instituto Federal de Telecomunicaciones y ENIGH 2015
Esta dinámica de consumo corresponde con los niveles de gasto. Es decir, mientras los hogares del decil más pobre sólo destinaron $428 pesos trimestrales en promedio al servicio de telecomunicaciones móviles, los hogares del decil más rico gastaron $1,726 pesos.
Lo anterior significa que los hogares más pobres gastaron aproximadamente una cuarta parte de lo que gastaron los más ricos en los mencionados servicios. Sin embargo, el elevado consumo de telecomunicaciones móviles en los hogares más ricos se tradujo en un gasto equivalente a 1.2% de su ingreso promedio, mientras que para los hogares más pobres, que registraron menor consumo, este gasto representó 6.2% de su ingreso.
Por su parte, entre los deciles II y IX, la proporción de gasto promedio en estos servicios varió entre 2.9% y 1.5% del total de sus respectivos ingresos corrientes.
Gasto Promedio de Hogares en Telecomunicaciones Móviles como proporción del Ingreso Corriente
Fuente: The Social Intelligence Unit con información del Instituto Federal de Telecomunicaciones y ENIGH 2015
Estas profundas diferencias entre los hogares más ricos y los más pobres en cuanto al consumo y asequibilidad de servicios de telecomunicaciones móviles constituyen un argumento para reconocer la importancia del derecho a las TIC.
A su vez, ayudan a reconocer la magnitud del reto al que se enfrenta el Estado para, por un lado, impulsar las medidas de competencia y, por otro, desarrollar las políticas públicas y sociales que permitan mayor inclusión digital.