En la madrugada, dos pescadores indonesios se aferraban a una cuerda improvisada que colgaba de la ventana del octavo piso de un motel en Busan, Corea del Sur. Habían estado encerrados durante casi 24 horas e intentaban escapar. La cuerda, hecha con sábanas anudadas, se deshilachó y ambos cayeron. Uno murió al golpear el pavimento; el otro sobrevivió con una pierna rota, según Lee Han-sook, directora del Instituto de Migración y Derechos Humanos, un grupo cívico con sede en Busan. Ella fue informada del incidente del 21 de julio por el sobreviviente, cuyo nombre prefirió no revelar.
Según activistas, este suceso fue uno de los detonantes que llevaron al gobierno a intensificar sus esfuerzos para combatir la trata de personas, especialmente los abusos contra trabajadores migrantes en la industria pesquera del país, valorada en 7,500 millones de dólares. El 2 de septiembre, el Ministerio de Igualdad de Género y Familia y el Ministerio de Océanos y Pesca anunciaron que habían modificado las directrices nacionales sobre trata de personas para facilitar que los agentes del orden identifiquen y detengan el trabajo forzado y otros abusos en el sector pesquero.
Las nuevas directrices describen situaciones específicas en las que la probabilidad de abuso es alta, como ver a trabajadores con lesiones físicas sin tratamiento, trabajadores a quienes les quitan sus teléfonos celulares o que viven en entornos con acceso restringido a internet. “Creemos que las nuevas directrices ayudarán enormemente a prevenir el abuso laboral y proteger los derechos humanos en la industria pesquera, porque contienen cláusulas especializadas en el sector”, dijo Kim Hye-jeong, directora del Ministerio de Océanos y Pesca, en una conferencia de prensa en septiembre.
Aunque las directrices no son leyes, proporcionan umbrales para que las autoridades actúen si sospechan trata de personas. En agosto, antes de la revisión, el gobierno designó al pescador indonesio sobreviviente como víctima oficial de trata, el primero en un barco pesquero, lo que le permitió recibir subsidios para atención médica, vivienda y asistencia legal.
Reacciones encontradas
Las acciones gubernamentales se producen tras años de críticas de activistas que señalan que los pescadores migrantes son a menudo sometidos a confinamiento, servidumbre por deudas, salarios por debajo del mínimo y jornadas de 14 a 18 horas. La naturaleza aislada de su trabajo, a menudo sin dispositivos de comunicación, los hace aún más vulnerables.
Los defensores de derechos humanos sostienen que las medidas no son suficientes. “Estamos de acuerdo con el espíritu de las nuevas directrices”, dijo Wee Seo-hyun, abogado de la organización sin fines de lucro Lawyers for Public Interest, con sede en Gwangju. Sin embargo, las directrices “no significan mucho”, afirmó. “Nada cambiará realmente en el terreno, porque las directrices no eran el problema de fondo”. La aplicación de las leyes laborales y antitrata existentes es el verdadero problema, agregó.
Dependencia de trabajadores migrantes
Corea del Sur tiene una de las flotas pesqueras de altura más grandes del mundo. La industria depende en gran medida de pescadores migrantes. Según datos gubernamentales publicados en julio, alrededor del 80.5% de los pescadores en embarcaciones surcoreanas de altura son migrantes. La mayoría proviene de Indonesia, seguido de Vietnam y Filipinas.
No es raro que los pescadores migrantes huyan debido a los bajos salarios y las malas condiciones laborales. Sin embargo, al hacerlo se convierten en inmigrantes ilegales, porque sus visas generalmente no los autorizan a trabajar fuera de los barcos designados.
Las empresas surcoreanas que reclutan trabajadores extranjeros para faenar en barcos pesqueros a menudo recurren a medidas extremas para evitar que los migrantes “escapen” de sus trabajos, eufemismo industrial para desaparecer. Algunas de las peores medidas incluyen encerrar a los pescadores durante las horas no laborales, como ocurrió con los dos indonesios confinados en un motel de Busan en julio. Las empresas también confiscan pasaportes y celulares, o retienen el pago hasta el final de los contratos.
Estas prácticas draconianas se ven incentivadas porque las empresas son responsables ante el Ministerio de Pesca si los migrantes a su cargo escapan y se convierten en inmigrantes ilegales, según reportó la agencia de noticias de investigación Newstapa. Las firmas de reclutamiento, generalmente pequeñas y con pocos recursos, pueden ser penalizadas por retener salarios o no evitar fugas. Pueden enfrentar multas “de facto”, tomadas de los depósitos que pagan al gobierno por decenas de miles de dólares, o sanciones como la prohibición de futuros contratos gubernamentales para gestionar trabajadores migrantes.
Y aunque las autoridades surcoreanas han arrestado a personas de estas empresas acusadas de crímenes contra pescadores migrantes, como secuestro o agresión física, siguen siendo la excepción.
Informe de EE. UU. y recomendaciones
En su informe anual sobre trata de personas del año pasado, el Departamento de Estado de EE. UU. clasificó a Corea del Sur como país de Nivel 1, lo que significa que en general había adoptado y aplicado leyes antitrata de manera “seria y sostenida”. Pero las fallas en el enjuiciamiento y condena de traficantes, “especialmente en la flota pesquera”, eran una debilidad evidente, según el informe. Señaló que el gobierno surcoreano “procesó y condenó relativamente pocos casos de trata laboral de trabajadores migrantes, nunca ha procesado un caso de trata de personas en el sector pesquero de altura y no reportó haber identificado víctimas confirmadas de trabajo forzado entre los migrantes en la industria pesquera”.
El Departamento de Estado hizo 16 recomendaciones, entre ellas: “Desarrollar un índice especializado de identificación de víctimas en coordinación con la sociedad civil para adaptar mejor las medidas de detección de indicadores de trabajo forzado entre migrantes extranjeros en la industria pesquera”. Los funcionarios surcoreanos citaron esa recomendación como razón para modificar las directrices y hacerlas más específicas para el sector.
Wee, el abogado de interés público, dijo que habría sido mejor mantener las directrices con un lenguaje más amplio, ya que eso podría reducir el umbral para que las autoridades actúen. También lamentó que no se incluyera una cláusula que obligue a las autoridades a tomar medidas.
Lee, la activista, señaló que las leyes antitrata de Corea del Sur son relativamente nuevas. La Ley de Prevención de la Trata de Personas y Protección de las Víctimas entró en vigor el 1 de enero de 2023, años después que otras jurisdicciones asiáticas como Japón en 2005, Taiwán en 2009 y Singapur en 2015. Esto significa que faltan precedentes legales, dijo Lee. También faltan medidas para proteger a las víctimas que denuncian la trata de represalias, agregó. “Al final, lo que importa es cómo aplicamos las directrices”, concluyó.
Este artículo fue publicado con permiso de Mongabay.com.
