Chile se convirtió esta semana en el primer país de la región en avanzar con una ley antideepfakes. La Cámara de Diputados aprobó, con 128 votos a favor, un proyecto que sanciona con multas de hasta $716 millones de pesos chilenos (unos USD 760.000) la creación y difusión de contenidos falsos generados con IA, y obliga a las plataformas a retirarlos en un máximo de 72 horas.
La medida llega en medio de una ola de fraude potenciado por inteligencia artificial que golpea a toda Latinoamérica, según releva el Fraud & Security Report 2026 de Infobip, plataforma global de comunicaciones en la nube con enfoque AI-first. El reporte destaca que más del 81% de los casos de fraude con IA detectados en 2025 a nivel global involucraron deepfakes, lo que subraya la urgencia de este tipo de regulaciones.
La nueva legislación chilena crea el derecho a la “integridad digital”, que protege la imagen, el cuerpo y la voz de una persona incluso después de su muerte. Este derecho busca resguardar a los ciudadanos frente al uso no autorizado de su identidad en contenidos generados o manipulados por inteligencia artificial, un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años.
El contexto regional es alarmante. El phishing representó el 49% de todo el contenido dañino bloqueado a nivel global en 2025, con un salto interanual del 94%. Además, el 70% de los ataques de phishing móvil ya ocurren a través de SMS, canal donde las estafas crecieron 40%. Estas cifras reflejan la sofisticación creciente de los ciberdelincuentes y el uso de la IA como herramienta para multiplicar sus ataques.
Las proyecciones para el corto plazo no son más alentadoras. Para finales de este año, hasta el 30% del contenido audiovisual en internet podría estar generado o modificado con inteligencia artificial. Esta estimación plantea un desafío mayúsculo para las plataformas digitales, los gobiernos y los propios usuarios, que deberán aprender a convivir con un ecosistema donde la autenticidad de lo que se ve y escucha ya no puede darse por sentada.
La aprobación en la Cámara de Diputados de Chile representa un paso pionero en la región y sienta un precedente para otros países latinoamericanos que enfrentan problemas similares. La combinación de sanciones económicas y plazos perentorios para la eliminación de contenido falso busca desincentivar tanto la creación como la difusión de deepfakes, al tiempo que obliga a las plataformas a actuar con rapidez ante denuncias de contenidos manipulados.
Con esta ley, Chile se posiciona a la vanguardia en la protección de la integridad digital de sus ciudadanos, en un momento en que la inteligencia artificial generativa ha democratizado la capacidad de crear contenido falso hiperrealista. La medida podría servir de modelo para otras naciones de la región que buscan regular esta tecnología emergente.
