Ciudad de México, 18 de marzo de 2026. Una crisis silenciosa y profunda se extiende por el tejido empresarial mexicano. Según el más reciente Monitoreo de Percepciones Empresariales de la firma VESTIGA Consultores, la proporción de empresas que reporta haber experimentado intentos de extorsión en México se disparó del 26% al 41% entre febrero de 2024 y febrero de 2026. Pero el dato más alarmante es otro: más de 9 de cada 10 de estas empresas optan por el silencio y no denuncian el delito ante las autoridades, una cifra que se mantiene inamovible y refleja una desconfianza crítica en las instituciones.
El peso de la extorsión: de los intentos al pago
El estudio no solo revela un aumento en las amenazas, sino también en los desembolsos forzados. En el mismo periodo de dos años, las empresas que admitieron haber realizado pagos por extorsión prácticamente se duplicaron, pasando del 5% al 9%. Esto significa que, ante la presión del crimen, un segmento creciente del sector productivo está cediendo económicamente, alimentando un ciclo de impunidad y financiamiento a la delincuencia.
“Cuando se trata de seguridad, de la integridad del negocio, de los activos y, sobre todo, de las vidas de sus empleados y accionistas, no hay mucho análisis costo-beneficio que valga”, advierte Sergio Díaz, socio director de VESTIGA. “Por eso nos urgen mucho mejores condiciones de seguridad en el país, porque sin ellas una gran proporción del empresariado no va a seguir tomando riesgos y eso irá en detrimento de la actividad económica”.
Las pequeñas y medianas empresas, las más golpeadas
El impacto de la extorsión no es democrático. Según los datos de VESTIGA, son las empresas de menor tamaño las que cargan con el mayor peso. Un 15% de las pequeñas empresas reportaron haber realizado pagos por extorsión en el último año, frente a un 5% de las medianas y solo un 1% de las grandes corporaciones.
“Es sencillo saber la razón de esto”, explica Díaz. “Por razones de menor visibilidad y mayores capacidad económica y de gestión de seguridad, las empresas micro y pequeñas están más expuestas al delito de la extorsión y, por supuesto, lo están padeciendo más, especialmente aquellas en sectores como el comercio, la construcción y el transporte”.
Desconfianza total y un futuro pesimista
El círculo vicioso se completa con una percepción de ineficacia institucional casi absoluta. Alrededor del 90% de las empresas encuestadas declaró tener “desconfianza total o casi total” en que las autoridades mexicanas puedan investigar y sancionar efectivamente estos delitos. Esta falta de fe en el sistema de justicia es el principal combustible para la cifra negra del 90% de no denuncia.
Las expectativas a futuro tampoco ofrecen un panorama alentador. Cerca del 80% de las empresas considera que en los próximos tres años no habrá mejoras significativas en la incidencia de la extorsión en el país. Esta visión pesimista sienta las bases para un clima de negocios marcado por la incertidumbre y el riesgo constante.
“En seguridad, como consultores y académicos lo sabemos, es incluso más importante la percepción que la realidad”, señala Díaz. La percepción actual, dibujada por los datos, es la de un entorno donde el delito prospera, la impunidad reina y la confianza en el Estado para garantizar la seguridad básica está fracturada.
Una amenaza para la economía nacional
La extorsión empresarial trasciende el hecho delictivo individual para convertirse en un lastre macroeconómico. Disuade la inversión, frena el crecimiento de las PyMEs –el motor del empleo en México–, distorsiona los costos operativos y puede llevar al cierre definitivo de negocios. La “crisis silenciosa” a la que alude el estudio de VESTIGA no es solo un problema de seguridad pública, sino una amenaza directa a la estabilidad y el desarrollo económico nacional, que se agrava mientras la mayoría de los casos permanezcan en las sombras, sin registro oficial ni posibilidad de una acción estatal contundente.
