Una coalición de trece estados estadounidenses ha presentado una demanda federal contra el Departamento de Energía (DOE) y la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) por la cancelación unilateral de casi $8 mil millones en fondos para proyectos de energía limpia. La acción legal, presentada en octubre, representa uno de los conflictos más significativos entre estados demócratas y la administración federal en materia de política energética.
El origen del conflicto: cancelación masiva de fondos
El conflicto comenzó cuando Russ Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, anunció en redes sociales a principios de octubre que “casi $8 mil millones en fondos del Nuevo Acuerdo Verde para impulsar la agenda climática de la izquierda están siendo cancelados”. La declaración, que calificó los programas como “estafa”, mencionó específicamente a dieciséis estados afectados: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont y Washington.
El Departamento de Energía justificó la decisión argumentando que los subsidios “no avanzaban adecuadamente las necesidades energéticas de la nación, no eran económicamente viables y no proporcionarían un retorno positivo de la inversión de los dólares de los contribuyentes”. Sin embargo, los estados afectados consideran que esta justificación es insuficiente y cuestionan los criterios utilizados para la evaluación.
La demanda: argumentos constitucionales y legales
La demanda fue presentada por California, Colorado, Connecticut, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin, junto con la Oficina del Gobernador de California para el Desarrollo Económico y Empresarial. Los demandantes argumentan que solo el Congreso tiene el poder de asignar fondos y definir cómo se administran los programas federales.
Violaciones constitucionales alegadas
- Separación de poderes: Los demandantes alegan que la administración ejecutiva excedió su autoridad al cancelar fondos ya asignados por el Congreso.
- Ley de Procedimiento Administrativo: Argumentan que la cancelación se realizó sin seguir los procedimientos establecidos por esta ley federal.
- Protección igualitaria: La Oficina de Energía de Colorado señaló que la lista de proyectos cancelados “se dirige específicamente a estados donde la mayoría de los estadounidenses emitieron sus votos a favor del candidato demócrata a la presidencia”.
William Tong, fiscal general de Connecticut, declaró: “El Congreso votó para financiar estos programas para crear empleos, ahorrarnos dinero en nuestras facturas de servicios públicos y terminar con nuestra dependencia de los combustibles fósiles sucios. Estamos demandando para obligar a Trump a entender que las leyes y el Congreso no son opcionales”.
Impacto en los estados y proyectos afectados
Los estados demandantes argumentan que las cancelaciones tendrán consecuencias significativas:
- Aumento de costos energéticos: La cancelación de proyectos de eficiencia energética y renovables podría aumentar las facturas de servicios públicos para los consumidores.
- Fiabilidad de la red: Proyectos destinados a modernizar la infraestructura eléctrica podrían verse comprometidos.
- Impacto ambiental: Reducción en la capacidad de los estados para cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones.
- Inestabilidad empresarial: Empresas que habían planeado inversiones basadas en estos fondos enfrentan incertidumbre.
La “lista de objetivos” del Departamento de Energía
Los demandantes sostienen que el DOE compiló una “lista de objetivos” de premios de energía e infraestructura que quería cortar para eliminar programas creados bajo la Ley de Infraestructura Bipartidista (IIJA) y la Ley de Reducción de la Inflación (IRA). Esta estrategia, según los estados, representa un intento de desmantelar por la vía administrativa lo que no se pudo lograr legislativamente.
Contexto legal y precedentes
Esta demanda no es la primera acción legal relacionada con estos recortes. En noviembre, Saint Paul, Minnesota, y una coalición de grupos energéticos y ambientales presentaron una demanda separada contra el DOE y la OMB para restaurar los subsidios de energía limpia. Esa demanda alegaba que las acciones de la administración violaban la Primera Enmienda al dirigirse al discurso basado en el punto de vista y la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda, que prohíbe al gobierno federal negar la protección igualitaria de las leyes.
El Departamento de Energía respondió en un comunicado por correo electrónico en noviembre que los subsidios fueron cancelados basándose en una “revisión individualizada exhaustiva” que encontró que “no cumplían con uno o más de los estándares requeridos para justificar más fondos de los contribuyentes, incluyendo, entre otros, hitos perdidos, viabilidad del proyecto y alineación con las prioridades del Departamento”.
Implicaciones para el futuro de la energía limpia en EE.UU.
Este conflicto legal tiene implicaciones significativas más allá de los $8 mil millones específicos en disputa:
- Precedente presupuestario: Establece un precedente sobre hasta qué punto la administración ejecutiva puede modificar asignaciones presupuestarias ya aprobadas por el Congreso.
- Inversión privada: Crea incertidumbre para inversionistas privados en el sector de energía limpia, que dependen de señales políticas estables.
- Cooperación federal-estatal: Podría afectar la relación de trabajo entre el gobierno federal y los estados en futuros proyectos energéticos.
- Transición energética: Retrasa la implementación de proyectos críticos para la transición hacia energías más limpias.
Perspectivas políticas y electorales
El caso ocurre en un contexto político altamente polarizado, donde la política energética se ha convertido en un punto de división partidista significativo. Los estados demandantes argumentan que las cancelaciones tienen motivaciones políticas más que técnicas, señalando que la mayoría de los estados afectados votaron por candidatos demócratas en elecciones recientes.
Esta demanda representa otro capítulo en la batalla legal más amplia entre estados gobernados por demócratas y la administración federal sobre temas ambientales y energéticos, que ha incluido disputas sobre estándares de emisiones de vehículos, regulaciones de calidad del aire y políticas de cambio climático.
