El cierre de las centrales nucleares en España se ha convertido en un rompecabezas económico que podría terminar afectando a todos los ciudadanos. Lo que comenzó como una decisión política para transitar hacia energías más limpias, ahora revela una compleja realidad financiera que supera los 20,300 millones de euros en costes de desmantelamiento y gestión de residuos radiactivos. La promesa inicial de que los contribuyentes no cargarían con estos gastos parece tambalearse ante las cifras que no dejan de crecer y las disputas entre el gobierno y las empresas eléctricas.
Según el último informe de Enresa, la empresa pública responsable del desmantelamiento nuclear, el costo total previsto alcanza los 20,367 millones de euros, donde el desmantelamiento de reactores representa 17,520.5 millones y la gestión de residuos suma 2,846.8 millones. El fondo actual, alimentado por las eléctricas, solo cubre el 43% de estos costes, dejando un vacío financiero de 11,690 millones de euros. El séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, aprobado en 2023, cambió el panorama al abandonar el almacén temporal centralizado en Villar de Cañas, optando por almacenes temporales en cada central mientras se desarrolla un almacenamiento geológico profundo para 2072.
Las principales eléctricas como Iberdrola y Endesa han presentado recursos legales contra el aumento del 30% en la tasa Enresa y reclaman compensaciones millonarias, argumentando que España tiene la carga fiscal nuclear más alta de Europa. Mientras tanto, el gobierno mantiene su postura firme: los costes no recaerán sobre los ciudadanos. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, establece tres condiciones para cualquier prórroga nuclear: sin costes adicionales para la ciudadanía, garantía de seguridad de suministro y cumplimiento estricto de los estándares del Consejo de Seguridad Nuclear.
El debate trasciende lo económico y toca la estabilidad del sistema eléctrico. Este verano demostró la paradoja de récords en producción solar junto con facturas disparadas por la dependencia del gas durante la noche, donde la nuclear ha funcionado como respaldo estable. El dilema es claro: prescindir de la energía nuclear antes de que la red esté preparada podría comprometer la estabilidad y aumentar los precios de la electricidad. Mientras el gobierno apuesta por acelerar renovables y almacenamiento, las eléctricas abogan por extender la vida útil de las centrales. La incertidumbre financiera y técnica, sumada al ejemplo francés donde los costes de almacenamiento geológico aumentaron hasta un 60%, plantea serias dudas sobre quién terminará asumiendo esta monumental factura nuclear.
