El pasado 10 de julio, la Comisión Europea anunció con bombo y platillo un nuevo acuerdo con Israel, presentándolo como una solución para aliviar la grave crisis humanitaria que vive la Franja de Gaza. Sin embargo, más de un mes después, la realidad muestra un escenario completamente diferente: ninguno de los compromisos asumidos por Tel Aviv se ha cumplido. Mientras organizaciones de la sociedad civil intentan monitorear el cumplimiento de estos acuerdos, como lo hace Alessandro Maria Amoroso, experto en derecho internacional de la Scuola Sant’Anna, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu discute abiertamente planes para anexar partes de Gaza para complacer a sus aliados de extrema derecha. La paradoja es evidente: la Unión Europea parece incapaz de implementar sanciones mínimas, a pesar de que semanas antes había circulado un documento interno que reconocía la validez de las acusaciones de la ONU contra Israel, incluyendo ataques indiscriminados, uso del hambre como arma, tortura y segregación racial.
Claudio Francavilla, de Human Rights Watch (HRW), describe la situación con tres palabras contundentes: credulidad, cobardía y complicidad. Credulidad porque la UE sigue creyendo en promesas de quienes llevan casi dos años asediando Gaza e ignorando sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Cobardía porque persiste en no calificar como criminal acciones que muchos observadores ya consideran genocidas. Complicidad porque varios gobiernos europeos frenan cualquier iniciativa concreta, siendo plenamente conscientes de la gravedad de los crímenes. Alemania, por ejemplo, mantiene su compromiso con el concepto de Staatsräson, defendiendo incondicionalmente a Israel por razones históricas, aunque la opinión pública comienza a resquebrajarse ante las imágenes diarias que llegan desde Gaza.
Detrás de esta resistencia europea se esconde la presión estadounidense. La presencia de Trump en la Casa Blanca se traduce en chantajes y amenazas reales, pero incluso las administraciones demócratas han garantizado a Israel un apoyo estructural, entrelazado con lobbies políticos como AIPAC, apoyo evangélico e intereses militares. Lo más preocupante es que existen precedentes claros de aplicación de medidas: la UE suspendió acuerdos con Siria en 2011, implementó sanciones comerciales tras la anexión rusa de Crimea en 2014, y suspendió apoyo financiero a Burundi en 2016 por violaciones de derechos humanos. Medidas similares se aplicaron contra Birmania, Sri Lanka y Camboya. La solución no siempre requiere suspensión de acuerdos comerciales; existen sanciones específicas, embargos de armas y mecanismos de investigación en la ONU que la UE ha usado legítimamente en otros contextos.
Hoy, mientras el plan de Netanyahu para anexar Gaza toma forma y la población sigue muriendo de hambre y bombardeos, persiste la impresión de que este último acuerdo es otro paso fallido en una política ilusoria. Como bien señaló Josep Borrell, exvicepresidente de la Comisión Europea, el bloqueo ha perdido su esencia. La Unión Europea no ha hecho absolutamente nada concreto en Gaza, preservando un diálogo con Israel con la esperanza de ejercer una influencia que, en realidad, nunca existió. La brecha entre las declaraciones diplomáticas y la acción real sigue creciendo, dejando a la población gazatí atrapada en una crisis humanitaria que parece no tener fin.
