El panorama político y administrativo en Chihuahua se enrarece nuevamente con el regreso al centro del debate nacional de Héctor Acosta Félix, Auditor Superior del Estado.
Mientras el Congreso estatal se dispone a votar su posible reelección, con el respaldo directo de la gobernadora María Eugenia Campos, el funcionario enfrenta investigaciones activas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Ambas instancias revisan su actuación durante los últimos siete años, un periodo marcado por señalamientos de persecución política y presunto encubrimiento institucional.
Información a la que se tuvo acceso revela que las autoridades federales analizan posibles acciones ilegales realizadas desde la Auditoría Superior del Estado (ASE), entre ellas la presunta fabricación de expedientes para afectar adversarios políticos y la omisión deliberada de responsabilidades en áreas clave de fiscalización. Las pesquisas no se limitan a simples faltas administrativas, sino que alcanzan ámbitos jurídicos que podrían comprometer seriamente su continuidad en el cargo.
El detonante principal del escrutinio federal es la llamada “Auditoría Forense a la deuda pública 2021”, promovida directamente por Acosta Félix. La revisión se dirigió exclusivamente a la empresa López Elías Finanzas Públicas, S.C., responsable del refinanciamiento de la deuda estatal en 2019. Dicha firma ya había sido auditada previamente sin hallazgos relevantes; por ello, especialistas consideran que repetir una auditoría sobre los mismos hechos podría contravenir el principio constitucional que impide investigar dos veces un acto ya revisado y sin evidencia nueva.
El polémico informe forense se sustentó en una premisa que expertos consideran improcedente: que la ausencia de un documento en los archivos de la Secretaría de Hacienda demuestra que el proveedor no cumplió con sus obligaciones. Esta conclusión, calificada como técnicamente insostenible, despertó alertas adicionales en las instancias federales, que analizan la validez jurídica del método aplicado.
A ello se suma una presunta invasión de competencias. Conforme al artículo 79 de la Constitución federal, únicamente la ASF puede auditar recursos vinculados con Participaciones Federales. No obstante, la ASE intervino directamente en esa materia, excediendo facultades y dejando fuera elementos claves como el Decreto de Autorización que el Congreso local aprobó para el refinanciamiento de la deuda, documento que debía ser considerado en cualquier análisis integral.
Las inconsistencias técnicas y la presunta vulneración de facultades motivaron a la FGR y a la ASF a abrir investigaciones formales sobre el actuar del auditor. Sin embargo, el Congreso mantiene su plan de votar su reelección, decisión que diversos analistas consideran políticamente arriesgada y potencialmente costosa para la institucionalidad estatal.
Especialistas advierten que, si se ratifica su nombramiento mientras enfrenta revisiones federales, los legisladores podrían quedar en una posición comprometida. En caso de confirmarse irregularidades graves, Acosta Félix podría ser removido posteriormente, profundizando el conflicto entre órganos de fiscalización y debilitando la credibilidad del sistema estatal.
En este escenario, la reelección del auditor se ha convertido en un símbolo de las tensiones políticas que atraviesan Chihuahua. Mientras las indagatorias federales siguen avanzando, su eventual permanencia podría transformar un asunto técnico en un factor de inestabilidad institucional.