Pocos días después de que terminara la COP30 en Belém, Brasil, donde el país se presentó como un líder ambiental comprometido con la preservación del Amazonas, un movimiento político ha desmantelado protecciones clave para los ríos, bosques y comunidades indígenas de la región. Este cambio, que ocurrió el 27 de noviembre, menos de una semana después de la cumbre climática, ha generado preocupación entre activistas y científicos, quienes ven en esto un retroceso en los esfuerzos por proteger uno de los ecosistemas más vitales del planeta. La velocidad con la que se eliminaron estas salvaguardas ha sido comparada con la rapidez con la que se desmontaron las carpas que albergaron a los delegados internacionales durante el evento global.
El retroceso se centra en una ley de licenciamiento ambiental que fue aprobada meses antes de la COP30, pero cuyas raíces se remontan al gobierno de Jair Bolsonaro, entre 2019 y 2023. Durante su mandato, el Frente Parlamentar da Agropecuária, un bloque político que representa los intereses del agronegocio y el desarrollo, impulsó una agenda de desregulación que buscaba debilitar los controles ambientales. Ricardo Salles, ministro de medio ambiente de Bolsonaro, llegó a calificar el licenciamiento como “una barrera para el desarrollo” y abogó por una desregulación amplia. Aunque el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó varias disposiciones controvertidas en agosto, citando riesgos para los derechos indígenas y la supervisión ambiental, el legislativo revirtió esos vetos a fines de noviembre, reinstaurando las secciones más polémicas.
Según análisis de la Academia Brasileña de Ciencias y otras organizaciones, las disposiciones ahora reinstauradas permitirán que muchos proyectos obtengan permisos mediante autodeclaraciones de cumplimiento, sin necesidad de evaluaciones de impacto ambiental completas o revisiones por terceros. Sarah Sax, investigadora de Climate Rights International, una organización sin fines de lucro con sede en California, comentó que esto no es una mejora ni una modernización, sino simplemente desregulación. Ella señaló que este patrón se repite en todo el mundo, donde bloques industriales y políticos presionan para debilitar las instituciones diseñadas para proteger comunidades y ecosistemas, en lo que describe como “luchas indirectas por la democracia, los derechos humanos y el poder institucional”.
Este giro en la política ambiental de Brasil plantea preguntas cruciales sobre el futuro del Amazonas y la credibilidad de los compromisos climáticos globales. Mientras el mundo enfrenta crisis ecológicas crecientes, la desregulación de protecciones clave en una región tan crítica como el Amazonas podría tener repercusiones profundas, no solo para Brasil, sino para el equilibrio climático global. Es un recordatorio de que las promesas hechas en cumbres internacionales deben traducirse en acciones concretas y sostenidas, más allá de los discursos y las carpas temporales de los eventos globales.
