En un movimiento que promete marcar un precedente importante para la regulación digital, un grupo de lobby de las grandes tecnológicas ha interpuesto una demanda contra el estado de Texas por su nueva ley que exige a las tiendas de aplicaciones verificar la edad de los usuarios e imponer restricciones a menores de 18 años. La batalla legal se perfila como un enfrentamiento crucial entre la protección de menores y las libertades digitales, con implicaciones que podrían extenderse mucho más allá de las fronteras texanas.
La Computer & Communications Industry Association (CCIA), que representa a gigantes como Apple y Google, presentó la demanda argumentando que la Ley de Responsabilidad de Tiendas de Aplicaciones de Texas establece lo que califican como ‘un régimen de censura amplio sobre todo el universo de aplicaciones móviles’. Según la asociación, en un intento bien intencionado pero equivocado de proteger a los menores, Texas ha decidido exigir comprobación de edad antes de que cualquier persona con smartphone o tablet pueda descargar una aplicación. Los menores de 18 años deberán obtener consentimiento parental para cada aplicación y cada compra dentro de la aplicación que intenten descargar, desde libros electrónicos hasta correo electrónico y entretenimiento.
La demanda sostiene que la ley viola la Primera Enmienda al imponer ‘un régimen exhaustivo de verificación de edad, consentimiento parental y expresión obligada tanto a las tiendas de aplicaciones como a los desarrolladores’. Cuando las tiendas determinen que un usuario es menor de edad, la ley les prohíbe descargar prácticamente todas las aplicaciones y programas de software, así como realizar compras dentro de apps, a menos que sus padres den consentimiento y tengan control sobre la cuenta del menor. Además, la legislación exige a los desarrolladores ‘clasificar por edad’ su contenido en varias subcategorías y explicar su decisión en detalle, además de notificar por escrito a las tiendas cada vez que mejoren o modifiquen las funciones, características o experiencia de usuario de sus aplicaciones.
El sistema de clasificación por edad ha sido criticado por basarse en ‘un conjunto vago e inviable de categorías de edad’. La demanda argumenta que ‘nuestra Constitución prohíbe esto’ y señala que ‘ninguna de nuestras leyes exige a las empresas pedir identificación a las personas antes de que puedan entrar a librerías y centros comerciales’. Las compañías tecnológicas han expresado además preocupaciones sobre la privacidad, señalando que la ley reduciría la protección de datos de los usuarios de aplicaciones, aunque han descrito planes para cumplir con la normativa tomando medidas para minimizar los riesgos de privacidad.
Este caso representa un punto de inflexión en el debate sobre cómo equilibrar la protección de los menores con las libertades digitales en la era moderna. Mientras Texas busca crear un entorno más seguro para los jóvenes en línea, la industria tecnológica argumenta que el remedio podría ser peor que la enfermedad, estableciendo precedentes peligrosos para la censura y la vigilancia digital. El resultado de esta batalla legal probablemente influirá en cómo otros estados y países aborden la regulación de contenido digital en el futuro, marcando el rumbo de la convivencia entre tecnología, privacidad y protección infantil en los años venideros.
