Mientras en muchos países se discuten reducciones de jornada laboral y mejoras en pensiones, Bélgica vive uno de los momentos más convulsos de su historia reciente. El gobierno federal ha emprendido la mayor reestructuración de su sistema de prestaciones en décadas, desatando una respuesta sindical sin precedentes: una huelga general de tres días que prácticamente paralizó el país. Lo que parece una economía próspera con alta renta per cápita y bajo desempleo esconde en realidad un mercado laboral disfuncional que preocupa desde hace años a Bruselas, a los economistas y ahora al propio gobierno.
El pasado lunes, Bélgica amaneció como un domingo: calles vacías, transporte público suspendido y ciudadanos desplazándose a pie o en bicicleta. Esta era la decimotercera movilización masiva desde que Bart de Wever asumió como primer ministro en febrero de 2025. Los sindicatos han organizado una protesta progresiva contra el plan de austeridad gubernamental, que incluye recortes en pensiones, ayudas por desempleo y reformas laborales de gran alcance. La raíz del conflicto está en la presión del déficit público y los criterios de competitividad exigidos por la Unión Europea, que han llevado al gobierno a tomar medidas drásticas para sanear las finanzas del país.
Bélgica enfrenta tres particularidades únicas en Europa que explican la profundidad de esta crisis. El primer ministro Wever ha iniciado una ofensiva para reducir la inactividad laboral, aumentar la oferta de trabajo y recortar el déficit del 5.3% previsto para 2025. Entre las medidas más controvertidas está la eliminación del paro vitalicio y la persecución de los llamados ‘falsos enfermos’, personas que reciben subsidios por incapacidad sin justificación médica real. A pesar de las trece huelgas desde febrero, el ejecutivo no muestra señales de retroceder, argumentando que los beneficios potenciales de la reforma son claros: menos subsidios, más contribuyentes activos y un aligeramiento del déficit público.
Para los expertos, sin embargo, el panorama es más incierto. Mientras el gobierno insiste en que estas reformas son necesarias para la sostenibilidad del sistema, los sindicatos y muchos economistas advierten sobre el impacto social que tendrán estas medidas en la población más vulnerable. Lo que está claro es que Bélgica se encuentra en una encrucijada histórica, donde debe equilibrar la necesidad de saneamiento fiscal con la protección de los derechos laborales conquistados durante décadas.
