En medio del boom del comercio digital y la adopción masiva de pagos electrónicos, los datáfonos o Terminales Punto de Venta (TPV) se han convertido en el nuevo blanco favorito de los ciberdelincuentes en México. El país se posiciona como uno de los más atacados de América Latina, solo por detrás de Brasil, con una cifra alarmante: más de 40,600 millones de intentos de ciberataques registrados tan solo en el primer semestre de 2025, según reportes de la firma de ciberseguridad Fortinet.
Estos números no son solo estadísticas; reflejan el riesgo digital al que están expuestos millones de comercios, desde la pequeña tienda de la esquina hasta grandes cadenas, así como instituciones financieras. La operación diaria de una parte vital de la economía depende de la seguridad y disponibilidad de estos dispositivos. Una intrusión o una falla en la conectividad puede traducirse en pérdidas económicas inmediatas, dañar la confianza del consumidor y, lo más grave, comprometer información sensible como datos de tarjetas bancarias.
“Cada datáfono es un punto activo dentro del ecosistema de pagos. Cuando uno falla o se ve comprometido, no solo se detiene una venta, también se abre una posible puerta a vulnerabilidades que pueden impactar a toda la red transaccional”, advierte Rafael Escobar Gómez, Director de Desarrollo de Negocio de ALAI Secure. La amenaza es real y creciente, impulsada por la propia evolución tecnológica. Los datáfonos modernos ya no son simples lectores de banda magnética; son pequeños ordenadores con alta capacidad de procesamiento y conectividad permanente (vía WiFi, 4G/5G o Ethernet), lo que amplía enormemente su “superficie de exposición” a los ataques.
Un ecosistema en transformación y bajo asedio
El camino ha sido rápido: de la banda magnética al chip EMV, del pago con contacto al tap-to-pay, las carteras digitales y la biometría. Si bien cada salto ha traído más seguridad, también ha presentado nuevos desafíos. Las pasarelas de pago han reforzado sus defensas, pero la protección final del dispositivo en el mostrador depende de una infraestructura de conectividad segura, estable y que cumpla con la regulación mexicana.
En este punto, la legislación local juega un papel crucial. Además de estándares globales como el PCI-DSS, que protege la información de las tarjetas, México cuenta con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Esta normativa exige minimizar la exposición de datos sensibles y aplicar medidas de seguridad proporcionales al riesgo. “Garantizar que los datos de pago se mantengan bajo control, con el menor nivel de exposición posible y dentro del marco regulatorio local, es fundamental para proteger el ecosistema transaccional”, explica Escobar. Soluciones con infraestructura local, agrega, no solo reducen la superficie de ataque al evitar viajes innecesarios de datos por el mundo, sino que facilitan este cumplimiento normativo.
La exigencia del comercio actual es clara: operaciones 24/7 sin interrupciones. La digitalización no admite pausas. Frente a este escenario, la continuidad del negocio depende de sistemas resilientes. La recomendación de los expertos apunta hacia una estrategia de defensa en capas: desde el propio hardware del datáfono y su software, pasando por la encriptación de los datos en tránsito, hasta la conectividad de red que utiliza. La soberanía de los datos y la capacidad de responder a incidentes dentro del territorio nacional se perfilan como factores clave no solo de seguridad, sino de operatividad comercial en la era digital mexicana.
