En vísperas del discurso presupuestario de Sudáfrica 2026, la organización Zero Carbon Charge (CHARGE) ha presentado una solicitud formal al ministro de finanzas Enoch Godongwana para reformar la política fiscal relacionada con los vehículos eléctricos. La petición incluye tres puntos clave: igualar los aranceles de importación de vehículos eléctricos con los de vehículos de combustión interna, eliminar el impuesto ad valorem específico para EVs y destinar fondos específicos para desarrollar infraestructura de carga con energía renovable.
La desigualdad fiscal que frena la transición eléctrica
Actualmente, Sudáfrica mantiene una estructura impositiva que penaliza la importación de vehículos eléctricos en comparación con los vehículos tradicionales. Mientras los automóviles con motores de combustión interna enfrentan aranceles del 25%, los vehículos eléctricos están sujetos a tasas que pueden alcanzar el 30%, además de un impuesto ad valorem adicional que incrementa su costo final entre un 7% y un 10%.
Esta disparidad fiscal representa una barrera significativa para la adopción masiva de movilidad eléctrica en el país africano. Según análisis de CHARGE, un vehículo eléctrico de gama media puede costar hasta un 40% más que su equivalente de combustión debido exclusivamente a estas medidas impositivas.
Impacto en los objetivos climáticos nacionales
Sudáfrica se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 28% y un 42% para 2025, según sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional presentadas en la COP26. Sin embargo, la política fiscal actual contradice directamente estos compromisos al desincentivar la transición hacia el transporte eléctrico.
“La incoherencia entre las metas climáticas y las políticas fiscales es evidente”, señala el documento presentado por CHARGE. “Mientras el gobierno promueve discursos sobre sostenibilidad, mantiene barreras económicas que hacen inaccesible la movilidad eléctrica para la mayoría de los ciudadanos sudafricanos”.
Financiamiento para infraestructura de carga renovable
El segundo componente de la propuesta se centra en la creación de un fondo específico dentro del presupuesto 2026 para desarrollar infraestructura de carga alimentada exclusivamente por energías renovables. CHARGE propone una inversión inicial de 500 millones de rands (aproximadamente 26 millones de dólares) para instalar 1,000 estaciones de carga rápida en corredores estratégicos del país.
La organización enfatiza que esta infraestructura debe operar con energía solar o eólica para garantizar una verdadera descarbonización del transporte. “No tiene sentido promover vehículos eléctricos si estos se cargan con electricidad generada a partir de carbón”, explica el documento técnico adjunto a la solicitud.
Modelo de negocio propuesto
CHARGE sugiere un modelo público-privado donde el gobierno proporcione los terrenos y conexiones a la red, mientras que empresas especializadas operen y mantengan las estaciones de carga. Los ingresos generados se reinvertirían en expandir la red, creando un ciclo virtuoso de crecimiento sostenible.
- Fase 1 (2026-2027): Instalación de 200 estaciones en áreas urbanas principales
- Fase 2 (2028-2029): Expansión a 500 estaciones incluyendo corredores interurbanos
- Fase 3 (2030): Completar las 1,000 estaciones con cobertura nacional básica
Contexto energético sudafricano
Sudáfrica enfrenta desafíos energéticos únicos que hacen particularmente relevante esta propuesta. El país depende en más del 80% del carbón para generación eléctrica y sufre frecuentes apagones controlados (load shedding) debido a la insuficiente capacidad de generación.
La integración de infraestructura de carga con sistemas de energía renovable distribuida podría ayudar a estabilizar la red eléctrica. Las estaciones de carga podrían funcionar como sistemas de almacenamiento distribuido, inyectando energía a la red durante picos de demanda cuando no estén siendo utilizadas para cargar vehículos.
Oportunidades económicas y laborales
La transición hacia la movilidad eléctrica representa una oportunidad significativa para la economía sudafricana. El país posee aproximadamente el 75% de las reservas mundiales de platino, metal esencial para la producción de celdas de combustible de hidrógeno, y cuenta con importantes reservas de otros minerales críticos para baterías como manganeso y vanadio.
Desarrollar una industria local de vehículos eléctricos y componentes podría generar hasta 50,000 empleos directos para 2030, según estimaciones del Departamento de Comercio e Industria. Sin embargo, esta potencial creación de empleo depende de políticas fiscales que hagan competitivos los productos eléctricos en el mercado local.
Reacciones y perspectivas políticas
La solicitud de CHARGE llega en un momento políticamente sensible, con elecciones generales programadas para 2024 y creciente presión internacional para que Sudáfrica acelere su transición energética. El gobierno ha recibido compromisos de financiamiento por 8,500 millones de dólares de países desarrollados para apoyar su transición energética, pero estos fondos están condicionados a reformas estructurales.
Analistas políticos sugieren que el ministro Godongwana podría incluir algunas de las propuestas de CHARGE en el presupuesto 2026 como gesto hacia la comunidad internacional y los inversionistas verdes. Sin embargo, advierten sobre resistencias internas, particularmente del poderoso sector minero del carbón y de la industria automotriz tradicional que emplea a más de 100,000 trabajadores.
La decisión final se conocerá el próximo miércoles durante el discurso presupuestario, donde el ministro deberá balancear presiones económicas inmediatas con compromisos climáticos a largo plazo. Lo que está claro es que Sudáfrica se encuentra en una encrucijada donde sus decisiones fiscales determinarán no solo su futuro económico, sino también su capacidad para cumplir con los acuerdos climáticos internacionales.
