En el panorama energético mexicano, el año 2025 marcó un punto de inflexión que reveló las complejidades detrás de la transición hacia fuentes limpias. Mientras el país celebraba récords en la generación de energía solar y eólica, un evento crítico conocido como “El Gran Apagón” del 28 de abril expuso las vulnerabilidades de un sistema que, aunque rico en recursos renovables, aún depende crucialmente del gas natural para su estabilidad. Este incidente no solo interrumpió el suministro eléctrico en varias regiones, sino que también provocó un aumento del 0.6% en las emisiones de gases de efecto invernadero, rompiendo una tendencia a la baja que se mantenía desde años anteriores. La paradoja es evidente: ¿cómo es posible que con más paneles solares y turbinas eólicas que nunca, las emisiones y los costos para los consumidores sigan en ascenso? La respuesta yace en la infraestructura de red y las decisiones técnicas que priorizan la confiabilidad sobre la eficiencia económica y ambiental.
Tras el apagón, las autoridades energéticas implementaron un “modo operativo reforzado” diseñado para garantizar que siempre haya centrales de generación firme—como las de gas, nucleares e hidroeléctricas—en funcionamiento. Esto asegura la inercia y estabilidad necesarias para mantener la tensión de la red, pero ha tenido un costo significativo. Según análisis del sector, el consumo de gas en ciclos combinados se disparó un 26% después del incidente, ya que se quemó combustible de manera preventiva para evitar colapsos, incluso en horas con abundante sol o viento. Como resultado, la energía limpia desperdiciada—conocida como curtailment—se triplicó, pasando del 1.8% al 7.2% entre mayo y julio de 2025. Este desperdicio no solo representa una pérdida de recursos, sino que también contribuye a encarecer la electricidad para los usuarios finales.
El impacto en el bolsillo de los mexicanos ha sido directo y palpable. Estudios recientes indican que el recibo de luz para un usuario promedio con tarifa regulada aumentó un 15.5% en 2025, situándose como el tercer año más caro en la historia reciente, solo superado por los períodos de crisis energética global. En términos concretos, esto se traduce en facturas anuales que rondan los 21,000 pesos mexicanos para muchos hogares. Los sobrecostos técnicos asociados al mantenimiento de este “seguro anti-apagones” han ascendido a más de 9,000 millones de pesos, y algunas empresas generadoras ya están trasladando estos gastos a los consumidores a través de ajustes en contratos renovados. La ironía es profunda: a pesar de la abundancia de energía renovable barata, los precios suben debido a la necesidad de respaldar el sistema con fuentes más costosas y contaminantes.
La raíz del problema se encuentra en una inversión desequilibrada entre la generación de energía limpia y la infraestructura necesaria para integrarla de manera eficiente. México instaló más de 8,800 megavatios de nueva potencia renovable en 2025, pero la red eléctrica está saturada, con más del 80% de los nodos de conexión incapaces de admitir más proyectos. Mientras que en otros países se invierte aproximadamente 70 centavos en redes por cada dólar destinado a renovables, en México esta proporción es de solo 30 centavos. Además, el país ocupa un lugar modesto en capacidad de almacenamiento con baterías a nivel regional, lo que limita su capacidad para gestionar la intermitencia de fuentes como la solar y eólica. Sin almacenamiento adecuado, el sistema se vuelve rígido: cuando el sol se oculta o el viento cesa, solo el gas puede reaccionar con la rapidez necesaria para mantener la estabilidad.
Un dato curioso que ilustra esta situación es el caso del autoconsumo doméstico durante el apagón de abril. A pesar de que millones de hogares en México cuentan con paneles solares en sus techos, solo alrededor de un tercio de ellos tienen baterías para almacenar la energía generada. Esto dejó a muchas familias a oscuras incluso cuando sus paneles estaban produciendo electricidad a plena capacidad, destacando la importancia crítica del almacenamiento en la transición energética. Este componente atemporal nos recuerda que la tecnología por sí sola no es suficiente; se requiere una planificación integral que incluya redes inteligentes, sistemas de respaldo y políticas públicas coherentes.
Las emisiones no son responsabilidad exclusiva del sector eléctrico. En 2025, México se acercó a los 100 millones de visitantes turísticos, lo que disparó el consumo de combustibles como el queroseno en un 5% y la gasolina en un 8%. A esto se sumó un año de extremos climáticos, con incendios forestales que calcinaron más de 400,000 hectáreas y liberaron aproximadamente 19 millones de toneladas de dióxido de carbono, equivalente a cuatro veces el promedio anual. Estos factores externos complican aún más los esfuerzos por reducir la huella de carbono del país y subrayan la necesidad de un enfoque multisectorial en la lucha contra el cambio climático.
El horizonte para 2026 presenta desafíos adicionales. Se prevén aumentos en peajes y cargos gubernamentales de hasta el 12%, lo que podría ejercer más presión sobre los consumidores. Además, el sistema enfrenta la creciente demanda de centros de datos, particularmente en regiones como el norte del país, donde se espera que estos complejos consuman tanta energía que tensionarán aún más la red. Para evitar colapsos, las autoridades están considerando la implementación de “mercados de capacidad”, donde se pagaría a las centrales de gas simplemente por estar disponibles como respaldo, una medida costosa pero necesaria mientras no se desplieguen alternativas como baterías a gran escala o compensadores síncronos que puedan proporcionar estabilidad sin quemar combustibles fósiles.
A nivel internacional, México ha asumido un papel de liderazgo en foros como la Agencia Internacional de Energías Renovables, promoviendo la transición energética global. Sin embargo, esta posición contrasta con las fragilidades internas. El país ha demostrado que es posible reducir la dependencia del carbón, pero también ha revelado que la abundancia de energía renovable barata es inútil sin las redes y el almacenamiento necesarios para aprovecharla plenamente. Como señaló un experto del sector, “el error no fue instalar paneles solares, sino olvidarse de invertir en la infraestructura que los hace funcionales”. Sin esta inversión, el gas natural seguirá siendo el dueño de la noche en México y el responsable de que las facturas de luz sigan batiendo récords que nadie desea.
La lección para México es clara: la transición energética no es solo una cuestión de instalar más capacidad renovable, sino de construir un sistema integrado, flexible y resiliente. Esto requiere inversiones significativas en redes de transmisión, tecnologías de almacenamiento y mecanismos de gestión de la demanda. Mientras el país avanza hacia un futuro más limpio, debe equilibrar la ambición ambiental con la realidad técnica y económica, asegurando que la energía no solo sea verde, sino también confiable y accesible para todos los mexicanos. El camino hacia la sostenibilidad es complejo, pero con una planificación adecuada y un compromiso firme, México puede superar estas paradojas y liderar con el ejemplo en la región.