Hace poco menos de un mes, la administración Trump lanzó una propuesta que parecía ser una oferta que nueve de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos no podrían rechazar. Esta oferta buscaba implementar cambios radicales en el ámbito educativo y, al mismo tiempo, mantener el acceso a beneficios federales como fondos de investigación, préstamos para estudiantes, contratos federales e incluso visas de inmigración para estudiantes y profesores. Sin embargo, el plan ha encontrado resistencia significativa.
La propuesta solicitaba a estas universidades incrementar la presencia de personas conservadoras en sus instituciones, cerrar unidades institucionales que, según la oferta, castigaban o disminuían las ideas conservadoras, y adoptar definiciones estrictas de sexo y género. Además, las universidades debían mantener las tarifas de matrícula congeladas por cinco años, limitar las protestas estudiantiles y mantenerse políticamente neutrales en eventos actuales. A cambio, las universidades podrían aspirar a recibir “subvenciones federales sustanciales y significativas”.
Con la fecha límite del 20 de octubre acercándose, cuatro de las universidades contactadas—la Universidad de Pensilvania, Brown, la Universidad del Sur de California y el MIT—han decidido no aceptar el pacto. Además, el Consejo Americano de Educación, que representa a más de 1,600 instituciones educativas, emitió un pronunciamiento pidiendo que se retire el pacto completamente. Según el comunicado, el pacto intenta imponer pruebas irrazonables como condición para obtener beneficios federales y socava la autonomía universitaria fundamental, que incluye decidir quién enseña, qué se enseña, y a quién se enseña.
La negativa de las universidades subraya la tensión entre la administración federal y la educación superior en cuanto a mantener la libertad académica y autonomía institucional. El deseo de garantizar un entorno educativo libre, diverso e independiente parece ser el estandarte de estas universidades en medio de propuestas gubernamentales que perciben como una tentativa de control excesivo.
Este rechazo no solo evidencia la defensa de principios académicos y la resistencia a cambios impuestos que podrían alterar el carácter inclusivo y autónomo de las instituciones educativas, sino que también invita a una reflexión sobre cómo las decisiones políticas pueden llegar a influir en la libertad educativa. Al final, lo que está en juego es el equilibrio entre los intereses federales y la independencia que históricamente ha caracterizado a las universidades como centros de conocimiento y debate libre.
